El niño de Canet resiste la coacción: sigue yendo al colegio y su familia está «firme y serena»

La familia de Canet de Mar (Barcelona) señalada por el independentismo por lograr que la Justicia reconozca el derecho de su hijo, de cinco años, a recibir el 25% de sus horas de clase en español, se encuentra «serena» y «firme», según ha podido saber OKDIARIO. Lejos de amedrentarse, el pequeño sigue yendo a la escuela Turó del Drac con normalidad y ya ha comenzado a recibir sus horas en castellano en virtud de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de obligado cumplimiento por parte de la escuela desde este jueves. Desde hace días, tanto el menor como sus progenitores son víctimas de la violenta campaña de hostigamiento de los separatistas, que piden incluso aislar al niño en la escuela y apedrear su casa.

Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al Departamento de Educación de la Generalitat y a la dirección de la escuela adoptar las «medidas necesarias» para «preservar la protección e intimidad» del pequeño y de sus padres, además de asegurar «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo». Para la tarde de este viernes el separatismo convocó una manifestación por la decisión judicial sobre el español en las puertas del colegio. Una protesta que fue alentada incluso por el Govern y que cuenta con el silencio cómplice de Pedro Sánchez.

Desde hace días, la familia sufre los ataques radicales del separatismo por exigir que se impartan más clases en español, como avala el propio Tribunal Supremo. Ante el señalamiento, los progenitores tuvieron que dirigirse esta semana a la Justicia para reclamar protección y que se preservase su identidad. En el escrito, remitido al TSJC, los demandantes describían la cacería por parte de otros padres del centro escolar y señalaban cómo «a raíz de la reunión que la dirección del centro mantuvo con los padres y madres de la clase en la que está matriculado» el pequeño se creó «un grupo público de Whatsapp que utiliza el logo del centro escolar y que tiene como finalidad dificultar la ejecución de las medidas cautelares» ordenadas por la Justicia y que obligan al centro a impartir un 25% de horas en castellano.

«Gravísimas amenazas»

En ese grupo «se vierten gravísimas amenazas» hacia ellos y su hijo incluso «solicitando que el centro identifique a la familia y al niño, del que se pide expresamente que sea expulsado del centro o que se le haga el vacío en la clase». «En comentarios más extremistas se reclama el conocimiento del domicilio de la familia para que pueda ser apedreado». Por las redes sociales circulan también desde hace días mensajes en los que se piden ataques contra la vivienda de esta familia e incluso obligarles a abandonar Cataluña.

Hasta ahora, el Gobierno español ha mantenido un perfil bajo en un asunto delicado para sus relaciones con sus socios separatistas. La portavoz Isabel Rodríguez llegó a asegurar hace unos días que desconocía «los detalles» del caso. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no fue más allá de afirmar que se investigarían «las amenazas o posibles amenazas». La Fiscalía de Barcelona abrió este jueves diligencias por un posible delito de incitación al odio o discriminación tras admitir a trámite las denuncias de la Asamblea para la Escuela Bilingüe, Hablamos Español y Vox. El partido de Santiago Abascal denunció a dos separatistas -el ex profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Jaume Fábrega y el miembro de Mossos por la independencia Albert Donaire- por los mensajes de señalamiento contra el pequeño.

Pese a la petición de la familia acosada para que no se hiciesen manifestaciones, ni a favor ni en contra de la decisión judicial, ante el centro escolar, los separatistas convocaron una este viernes por la tarde, alentada por el propio Govern.

El consejero de Educación, Josep González-Cambray, se reunió este jueves con la dirección del centro y los padres en desacuerdo con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y animó a participar en las protestas. «Que cada uno se exprese y manifieste en la línea que considere oportuna. Respetamos cualquier manifestación, como siempre hemos hecho», señaló. La portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, se sumó a la presión contra la familia asegurando que la decisión del TSJC es una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro», porque «que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto es, por lo menos, sorprendente». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado desautorizar a las autoridades catalanas y no se ha pronunciado sobre el asunto.